Metodología

Marco Conceptual

En este trabajo se utilizará el término de conflicto por el agua, que de acuerdo con Ortega (2016) los conflictos por el agua son situaciones de disputa entre actores y/o grupos sociales, que tienen o creen tener objetivos incompatibles en torno a asuntos relacionados con este recurso. Tales conflictos pueden ser directos -engloban aquellos detonados por su acceso, aprovechamiento y/o distribución- o indirectos -que tienen que ver con el recurso de forma indirecta, por ejemplo, el aprovechamiento a través de la construcción de una presa en la que se debate la indemnización de los habitantes en el territorio.

¿Cómo se manifiesta un conflicto? Para responder esta pregunta, se identifican cinco instrumentos empleados por los actores involucrados: demandas, denuncias, movilización, amenazas de acción directa, y acciones directas. En un primer momento, los afectados recurren a la demanda formal para expresar su inconformidad ante cierto problema identificado. Cuando este medio fracasa, los actores entonces recurren a la denuncia, dirigida a las autoridades o a la prensa; su fin presionar a las autoridades correspondientes para que solucionen los conflictos, llamando la atención de la población y son acompañadas frecuentemente por manifestaciones públicas pacíficas. Cuando estos primeros instrumentos son ignorados o no resultan en una solución esperada entonces se recurre a la amenaza de acción directa y a la propia acción que puede ir desde el no pago de las facturas del servicio o de impuestos, hasta el bloqueo de rutas, la ocupación de edificios, o la destrucción de propiedad (Castro, Kloster, y Torregrosa, 2004; Kloster, 2017).

«La acción directa supone por el lado de la sociedad civil, la toma de conciencia acerca de la inexistencia (o al menos ineficacia) de los canales tradicionales para dirimir las demandas ciudadanas y la necesidad de utilizar la fuerza propia como alternativa válida. Y por el lado del gobierno, la necesidad de apelar cada vez más a la coerción directa debido a la ruptura de los canales tradicionales de solución de conflicto” (Kloster, 2014, p.68).»

Documentación del conflicto

Para realizar la construcción histórica del conflicto, el trabajo metodológico consistió de una etapa documental la cual consiste en la siguiente ruta:

1. Búsqueda de información en la red dando prioridad a las fuentes hemerográficas.
2. Cada noticia (registro) se revisa, se selecciona o descarta en virtud de la información que brinde.
3. Se construye una base de datos en Excel la cual contiene las siguientes variables: fecha de la noticia, fuente, encabezado y enlace de consulta.
4. Construcción de la Cronología del conflicto y/o línea del tiempo del conflicto; En caso de ser necesario, para tener un mejor de análisis el conflicto puede dividirse en etapas y periodos (años) que la comprenden.
5. El análisis por periodo o etapa se construye a partir de una escala de conflicto.
6. Presentación de resultados por periodo a modo de gráfica, comprendiendo la evolución del mismo desde su inicio hasta el periodo de corte o su conclusión final. Cada número o nivel de la escala de conflicto a su vez es una codificación que sistematiza los eventos y años que facilita elaborar gráficos de la curva del conflicto.

En el caso de algunas noticias suelen ser el mismo contenido al ser fuentes de la misma empresa.

Análisis, revisión y proceso de la información

Cada registro se revisa para realizar la construcción del conflicto seleccionado los datos relevantes de los eventos así como las fechas en que sucedieron. Cabe destacar que la revisión de los registros y la información seleccionada dan cuenta de los eventos de una forma cronología no lineal, sino que desde el particular punto de vista del autor de la noticia resalta los eventos importantes y su vez puede dar nota de hechos históricos para contextualizar el conflicto. A partir de estas características y condiciones se realiza la construcción de la línea temporal o cronología.

Por otro lado, hay que considerar los siguientes puntos al trabajar con fuentes hemerográficas:

1. Un conflicto que se visualiza en medios varía su cobertura así como en el número de fuentes, y seguimiento (noticias publicadas);
2. No todos los conflictos son cubiertos por los medios y pasan desapercibidos solo existiendo desde una óptica de la investigación académica o activista.
3. Aunque los periódicos en línea son una fuente de actualización de información de ciertos temas dependiendo los intereses, el incremento en el uso de redes sociales de parte de los actores ahora juegan un papel determinante en las estrategias de acción.

De acuerdo a la revisión del periodo de identificación de conflictos (2010-2020) se generó el siguiente esquema de acuerdo a las coberturas mediáticos de los conflictos:

1. La pirámide indica la relación entre la cobertura mediática y el tipo de eventos vinculados al agua. Esta es una síntesis de los temas principales identificados en la base hemerográfica 2010 a 2020.
2. Los temas de orden federal o megaproyectos los cuales tienen más difusión, en contra posición de la base piramidal la cual engloba mayor número de temas y la identificación de eventos es más compleja.

Curva de conflicto

Escala del conflicto

La escala de conflicto tiene como objetivo identificar y medir mediante fases la complejidad histórica a partir de la evidencia documentada de eventos o hechos relevantes considerados puntos de quiebre, los cuales tienen gran influencia y van determinando el desarrollo del conflicto. De acuerdo al nivel de complejidad se asigna un color determinado para identificar la escala.

Descripción de cada nivel

A continuación se describe cada número de la escala del conflicto:

1. Reconocimiento de la problemática: Se refiere a los indicios (complicaciones) que alteran la cotidianidad mediante afectaciones, intereses, necesidades y/o modificaciones de cualquier tipo generando problemáticas las cuales influyen negativamente en un contexto determinado y/o grupos o sectores poblacionales.
2. Manifestación de la problemática: grupos o sectores que llevan a cabo acciones a cabo en la escena pública a través de declaraciones, desplegados, solicitudes, alertas en medios de comunicación tradicionales y redes sociales para mostrar alguna inconformidad con la finalidad de generar empatía, respuesta y solución.
3. Posicionamiento frente a la problemática no resuelta: Los protagonistas manifiestan su postura pública frente a la “no solución” de la problemática. El resultado de ella pueden generar una confrontación mediática abierta², la identificación del “enemigo” y por tanto dar inicio al conflicto.
4. Estrategias y acciones: Las estrategias son el plan de acción, es decir, movilizaciones y manifestaciones públicas y privadas coordinadas como resultado de amenazas previas. Las acciones se dividen en dos categorías a) las acciones de tipo legal (demandas, amparos, entre otros) y b) acciones colectivas como marchas, toma de instalaciones, bloqueos, obstrucción de obras, etc., aunque pueden existir confrontaciones, esto no es indicativo de consumarse en enfrentamientos físicos. Con ambas categorías busca nuevamente hacer visibles las manifestaciones ante la opinión pública y ser objeto de atención de los medios,
5. Enfrentamiento: Es el resultado de la defensa e imposición las posturas frente al conflicto, las acciones derivan en situaciones violentas que van desde los empujones hasta personas heridas e incluso la muerte siendo este el caso más extremo. El escenario de confrontación se da principalmente en espacios geográficos claves para los protagonistas
6. Calma inquieta: Es la fase post-enfrentamiento y el tiempo es indeterminado, aquí cada antagonista realiza un recuento de los daños así como la reorganización de las estrategias;
7. Enfriamiento o meseta: es una tregua no pactada entre los antagonistas en la cual el conflicto entra en una fase de inactividad, puede o no haber actos aislados como declaraciones que no repercuten o influyen;
8. Acciones para la resolución: Acercamientos entre los antagonistas o intervención de mediadores con la intención de negociar, pactar soluciones, instalar mesas de dialogo, generar acuerdos sin llegar a concretarlos o cumplirlos;
9. Acuerdos parciales: Se generan acuerdos en los cuales al menos una de las partes no queda satisfecha o se imponen medidas de solución;
10. Solución final: conclusión definitiva del conflicto.

² Las posturas en casos pueden incluir acusaciones, denuncias, difamaciones, ataques verbales por mencionar algunas.

Cronología del conflicto

Línea temporal y eventos (Descripción del referente de noticias)

Durante la revisión de las noticias, se realizó una búsqueda de fuentes digitales con relación al tema de las cuales se extrajeron los eventos relevantes acomodándolos cronológicamente y clasificándolos de acuerdo al grado de conflicto. Cabe mencionar que durante la historia de un conflicto presenta esos altibajos o intensidades que se denomina el escalamiento y pueden variar al grado de nunca llegar a una solución final o si, todo depende de la renovación de actores, cambios gubernamentales, legislaciones, procesos legales y el surgimiento de nuevas demandas por citar algunos elementos.

El desarrollo del conflicto se dividió en etapas o años de acuerdo al número de eventos y de esta manera tener claridad sobre cuáles han sido los escalamientos históricos. A continuación se presenta por etapas los eventos más destacados por cada etapa.

Reconstrucción histórica del conflicto

El desarrollo del conflicto se divide en etapas o años de acuerdo al número de eventos y de esta manera tener claridad sobre cuáles han sido los escalamientos históricos.

La historia del conflicto a través de la escala (representación gráfica)

Para representar gráficamente la historia del conflicto se divide en etapas o fases las cuales facilitarán su análisis por cada evento relevante. En el eje vertical se presenta la escala, es decir, la intensidad y en el eje horizontal los años en los cuales ocurrieron los eventos relevantes. La dirección es de izquierda a derecha. Cada trayectoria dentro de la gráfica puede variar en su intensidad de acuerdo a los eventos identificados.

Tipología de los Conflictos por el agua

La tipología de los conflictos por el agua fue creada para filtrar la información en la plataforma del Observatorio Mexicano de Conflictos por el Agua (OMCA). A diferencia de otros análisis y categorías más detalladas, esta tipificación permite al usuario no especializado en temas relacionados con el agua, hacer una búsqueda para encontrar información relacionada con los conflictos. Ninguna de categorías es excluyente. En la mayoría de los casos son complementarias; por ejemplo: el caso de los megaproyectos, es impensable que en la propia categoría no se incluya en la parte social o en la categoría las empresas ya que algunos autores muestran a estos dos poderes como adversarios dentro de un conflicto. Esta construcción tiene sentido en un público especializado, pero no en el público general que puede estar enfrentando un conflicto por el agua en su territorio. A su vez la tipificación permite el análisis detallado del conflicto permitiendo poner al usuario las categorías en las que está interesado permitiéndole hacer un análisis de actores o de los conflictos relacionados con los organismos operadores de agua.

Las opciones que permite esta tipificación son diversas y está creado para los diferentes públicos que consultaran el Observatorio Nacional de Conflictos por el Agua, partiendo de estas necesidades se proponen siete categorías para el filtrado de información dentro de la plataforma que son:

1. ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA (OOA)

Los Conflictos relacionados a los Organismos Operadores de Agua (OOA) hacen referencia a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en áreas urbanas, periurbanas y rurales asociadas con entidades públicas, gubernamentales o paraestatales. Las problemáticas que desencadenan los conflictos son: contaminación, mala administración, desabasto, morosidad, mala calidad, falta de saneamiento y/o tratamiento, transparencia y rendición de cuentas y distribución de agua, entre otros.

¿Cómo se explica que existan tantas problemáticas con los OOA? Antes de pasar a explicar las principales causas, lo podemos resumir con las palabras de Nicolás Pineda Pablos (2008) quien dice que en los organismos de agua reina la ineptitud, la falta de planeación y de mantenimiento, la escasez de recursos económicos, el déficit de inversiones, el endeudamiento, la quiebra técnica y la dependencia de apoyos.

Pago del servicio

La mayoría de los OOA prestan un servicio deficiente al vivir en un constante círculo vicioso donde los usuarios por un lado se niegan a pagar por el mal servicio y este no mejora al no haber incentivos y recursos financieros suficientes. El aumento en el precio a los usuarios que se va originando por este círculo van al alza además por la ineficiencia en la operación: se tienen más empleados de los necesarios para operar el sistema y los consumos no se miden, lo que entorpece la cobranza y la planeación (Pineda, 2008 y Alejandro, et al, 2016).

El bajo nivel de recaudación de pagos por servicio provoca la pérdida de grandes cantidades de agua en la distribución debido a la mala calidad en infraestructura, implicando una vez más la insolvencia financiera de los OOA, contaminación y a su vez riesgos a la salud por las fugas, y deterioro ambiental relacionado con la sobreexplotación de los recursos hídricos (Salazar y Lutz, 2015). La falta de pago afecta finalmente a los usuarios que van al corriente, pues a diferencia de otros servicios, no existen en todos los OOA mecanismos de sanción a los deudores y cuando estos tienen grandes deudas que interrumpen su operación, el corte de agua se hace de forma general.

Dirección de los organismos operadores

Comúnmente la designación y destitución de los directivos obedece a la relación personal del directivo y el gobernante en turno, no al mérito y competencia en el manejo del agua (Pineda, 2008). Si se designan directivos con fines políticos, el manejo del agua y los posibles conflictos que provoquen responden solo a estos fines. Además, no existen, evaluaciones de desempeño del cargo, por lo cual en muchas ocasiones se despide a un buen directivo sin reconocimiento alguno o se promueve a mejores puestos a quienes han tenido mala administración del organismo (Pineda, 2008). Finalmente, aunque en teoría la dirección de los organismos debería durar lo que el gobierno del que depende (seis años el estatal y tres el municipal), se han identificado ciudades en las que ha habido más de dos cambios de directivo en dichos años. Esta alta rotación trae una consecuencia muy evidente: cada director de organismo trae sus propias prioridades y llega a realizar sus propias obras (Pineda, 2008) impidiendo los planes a largo plazo de solución de problemas de operación y sus consecuentes conflictos.

2. AFECTACIONES A LOS CUERPOS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA (ACASS)

Este rubro engloba a los conflictos originados por la contaminación y sobreexplotación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos causados por cualquier actor (empresas, gobierno, población). La contaminación del agua es definida por Guadarrama-Tejas et al. (2016) como cualquier cambio biológico, físico o químico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier organismo vivo que consuma esa agua. La contaminación también se puede definir desde la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como: «la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico». También es importante aclarar que esta ley considera un contaminante a toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, al incorporarse o actuar en el agua; o cualquier elemento natural que alteré o modifique su composición y condición natural (LGEEPA, 2022).

En esta tipificación no se pretende categorizar todas las formas de contaminación sino dar un panorama general para poder filtrar las búsquedas relacionadas con los conflictos por el agua; pero, es de vital importancia mencionar que existen más de 700 cuencas hidrográficas contaminadas (Toledo, 2015).

En el caso de la sobreexplotación de recurso en 2015 existían más de 100 acuíferos explotados de 653 (Toledo, 2015), la sobreexplotación de los cuerpos de agua superficial y subterráneos consiste en:

La extracción de agua a tasas que se consideran excesivas por producir impactos negativos, tales como la reducción de los niveles (o presiones) del agua subterránea en los pozos, la reducción de los flujos de agua en puntos de descarga naturales como los manantiales, el deterioro de su calidad (presencia de contaminantes o aumento de los niveles de minerales y elementos radioactivos por encima de los señalados en la Norma y la subsidencia (Hatch, 2017, p.158).

3. SOCIAL

En este rubro se incluye los conflictos sociales que se generan en la relación sociedad donde se disputa el agua. Los conflictos por el agua, constituyen una disputa que es una oposición entre dos o más actores sociales, que tienen diferentes lenguajes de valoración con respecto a la problemática ambiental, donde convergen elementos sociológicos, culturares, políticos y simbólicos. Autores como Cohen y Arato (1994) definen a estos adversarios como tres poderes: social, político y económico.

El poder político, representado por los partidos y gobiernos; el poder económico representado por las empresas, corporaciones y mercados y finalmente el poder social o ciudadanos, figurado por las comunidades, asociaciones, cooperativas, sindicatos, organizaciones profesionales. El poder social enfrenta y se opone a las actividades realizadas por empresas o corporaciones nacionales y extranjeras, o políticas públicas diseñadas para favorecer al sector privado, el papel de los organismos estatales normalmente o toma partido por las corporaciones debido a los intereses comunes o se mantiene neutral (Toledo, 2015).

La acción de poder social consiste en un repertorio variado de tácticas para manifestarse: expresiones culturales, marchas pacíficas, toma de instalaciones, promoción de diversos recursos legales, demandas de particulares, amparos y controversias constitucionales (Ortega, 2020, p.325). Mediante estas acciones los actores sociales manifiestan sus derechos, oponiéndose a los intereses del poder político y al poder económico. A su vez, el poder político ejerce acciones de violencia que vulneran los derechos humanos para desarticular o amedrentar estas acciones o movimientos sociales.

El poder político es uno de los actores que más injerencia tiene; ya que bajo un discurso de desarrollo, progreso y crecimiento a través de planes de desarrollo y políticas públicas, favorece al sector privado sobre la valoración del agua como un derecho inconmensurable para la vida. También incide con su discrecionalidad en la aplicación de sus facultades en materia ambiental especialmente en la consulta y participación pública y en el acceso a la información. Aun cuando existen consultas, no hay consenso dentro de la comunidad o población afectada y aun así se otorgan los permisos para efectuar la obra o concesionar el recurso (Velázquez, 2015).

La violación a los derechos humanos de las personas que defienden el derecho a un ambiente sano en los conflictos por el agua se origina desde las autoridades, quienes abusan de la fuerza pública y demeritan las peticiones de los defensores ambientales, activistas, afectados ambientales; y de las comunidades y pueblos indígenas. También es esta autoridad quien favorece en algunos casos a los caciques locales, a las empresas e incluso en algunos casos se encuentra coludida con el crimen organizado. En resumen, la categoría social es muy importante ya que muchos de los conflictos por el agua no se centran únicamente en un recurso sino en el deterioro ambiental, como es el caso de la minería donde se utilizan grandes volúmenes de agua, se contamina y se existe una destrucción de la fuente del agua. Si bien la disputa podría ser por el agua, también por la contaminación que se genera por la minería, o la no consulta de pueblos y comunidades indígenas para dicho proyecto, o las repercusiones en la salud de quienes habitan el territorio. También visibiliza otras formas de violencia para las personas que habitan el territorio como es el caso del despojo, el control de cuerpos de agua, la apropiación cuerpos de agua, el bloqueo al acceso de cuerpos de agua y el despojo, en donde además del poder económico y el poder político se suma el crimen organizado. Este actor también se encuentra en pugna por el control de los recursos y el espacio (Paz, 2012)

La categoría social no es limitativa sino es una de las más amplias, ya que involucra a los diversos actores o poderes que se confrontan en la disputa, también incluye las acciones que cada uno de estos efectúa para conseguir su fin y de cómo en algunos casos lograr el fin de la construcción o control sobre el recurso puede generar violaciones a los derechos humanos sino de cómo el poder social es continuamente vulnerado al defender el ambiente y el territorio mediante agresiones de diversos tipos como: intimidación, criminalización, desaparición y homicidios (Velázquez, 2015). Actualmente México es uno de los países con mayor número de Defensores Ambientales asesinados (Global Witness, 2021).

4. EMPRESAS

Este rubro incluye las afectaciones, sobreexplotación, control, acaparamiento u otro a los recursos hídricos por parte de empresas, que pueden estar relacionados con abastecimiento, despojo, acaparamiento y contaminación.

Las empresas o corporaciones nacionales y extranjeras representan al poder económico en el país, realizando proyectos de inversión privada en obras de infraestructura carretera, energía eólica, hídrica, térmica por mencionar algunos además de la explotación minera y concesiones de agua, expandiéndose de manera sistemática a todo lo largo y ancho del territorio nacional en las últimas décadas. Los proyectos de las empresas no serían un problema si respetaran la Legislación aplicable en materia ambiental contaran con los permisos y obligaciones emanadas de estos instrumentos jurídicos y respetaran el territorio de comunidades indígenas y espacios colectivos como parques urbanos o áreas naturales protegidas.

Esta categoría refiere a cualquier actividad empresarial que daña el recurso, que hace un uso intensivo y extensivo de él, que promueva el despojo de comunidades y la exclusión de la población local de su derrama económica, pero no de los impactos ambientales negativos (Santacruz de León, 2020).

Para autores como Musetta (2010) las empresas actúan como “el fantasma del capital privado”, siendo el poder social el que se opone y resiste, la ciudadanía organizada de comunidades rurales y urbanas; mientras que los organismos estatales están de su lado o se mantienen neutrales (Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2013). Tanto en México como en toda América Latina, la escasez de regulaciones ambientales que abaratan los costos de operación atrae a empresas transnacionales que contaminan cuerpos de agua y afectan a la salud (Ávila, 2008). En el país se extrae el 56% del total del agua utilizada para los diferentes usos; situación que garantiza el acceso ilimitado a empresas agrícolas exportadoras, automotrices, de la industria alimentaria y de bebidas, entre otras. (Hatch, 2017, p. 159).

La industria minera, es sin duda, la principal detonadora de conflictos. Las principales problemáticas en torno al agua asociadas a la actividad minera es la extracción excesiva (pues es necesaria en todos los procesos) generando escasez en las comunidades para el desarrollo de otras actividades económicas así como para satisfacer las necesidades básicas de agua potable, y contaminación por la descarga de sus relaves sin tratamiento sobre los acuíferos y el aumento de la salinización de los suelos que impactan negativamente en las comunidades (Foronda, 2008., Saade, 2013., Martín, y Justo, 2015).

Las mineras que de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) se establecen en zonas de extrema pobreza, operan sin consulta previa a las comunidades y aunque posterior al surgimiento de los conflictos las empresas intentan informar sobre los beneficios de su actividad, el diálogo es casi imposible (Saade, 2013). Ninguna actividad es tan agresiva como la minería; depreda al medio ambiente, y vulnera los derechos de las comunidades y pueblos (Reboratti, 2001 en Cárdenas, 2013).

Por su parte, las empresas embotelladoras de agua y refresqueras representan otro monstruo que consume cantidades enormes de agua. Tan solo para la producción de un refresco, Coca-Cola requiere de 34.5 litros de agua, cuando aún el 24% de los hogares no tiene agua para el consumo diario (Velázquez, 2021). Es claro que no existe intención por una regulación efectiva sobre este tipo de empresas, si bien existe el impuesto al refresco, este es aplicado con fin de disminuir el consumo priorizando la salud humana por encima de la conservación de los acuíferos (Pacheco-Vega, 2017).

Se incluyen además a las grandes empresas cerveceras; siendo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la mayor consumidora teniendo acceso a 143 millones 260 mil 854 metros cúbicos de agua anualmente; así como la industria automotriz que tan solo en la región Puebla-Tlaxcala extrae 383 mil millones de litros al año (Ramírez, 2022 y Hernández, 2022).

Mientras los grandes empresarios buscan tener acceso a mejores fuentes de abastecimiento para atender un mercado, los movimientos sociales surgidos de los conflictos luchan entonces para que exista realmente el derecho humano al agua buscando la detención ante estos proyectos (Pacheco-Vega, 2017).

5. MEGAPROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ORDEN FEDERAL

Este rubro hace referencia a aquellas disputas que surgen cuando se promueven iniciativas de inversión calificadas como “megaproyectos”, ya sea de tipo minero, hidroeléctrico o de trasvase de agua, inmobiliario, turístico, de infraestructura hidráulica o energética. Están definidos en la literatura relacionada a conflictos socioambientales, como detonadores de los anteriores, dado su objetivo e impactos en un sitio específico, y también, el grado de conflicto que este pueda dar lugar, ya sea en la esfera social, política, económica o ambiental. En ese sentido, resulta relevante el tipo de promoventes del megaproyecto y las percepciones colectivas sobre las consecuencias de su implementación en las dinámicas del espacio (Olmedo, 2019). Estos megaproyectos pueden estar facilitados a través de estructuras institucionales, en las que el Estado es un actor clave para regular o permitir a través de la normatividad que dichas iniciativas se lleven a cabo. Si bien, pueden promoverse desde el sector privado, o bien, ser impulsadas por el propio Estado. Usualmente, en este tipo de conflictos, existen un antagonismo y tensión entre los discursos de los promoventes del megaproyecto (actores del sector empresarial y privado, en ocasiones también del sector gubernamental) y quienes lo resisten, generalmente representado por los habitantes de comunidades o sitios donde estas iniciativas buscan establecerse, o grupos de la sociedad civil organizada que conforman un frente opositar al megaproyecto (Rodríguez-Wallenius, 2015; Olmedo, 2021).

Generalmente, los conflictos surgidos a partir de megaproyectos están asociados a un modelo económico y de producción particular, mucho más comunes y frecuentes dentro de los contextos latinoamericanos desde el inicio del siglo XXI; bajo una lógica de extractivismo y acumulación de capital. Es pertinente recalcar que los megaproyectos tienen objetivos basados en un discurso de desarrollo económico de los territorios en donde se instauran, bajo preceptos relacionados a la mejora de las condiciones de ciertas poblaciones a través de la transformación del espacio. Sin embargo, esta lógica de desarrollo implica la explotación y extracción de materias primas y recursos que serán exportados de un sitio a otro, generando una desvinculación entre el propio territorio y la economía local del sitio donde se instale el megaproyecto, en donde, además, se generará una serie de externalidades sociales y ambientales (Gudynas, 2011; Alva, 2014; Olmedo, 2021). Dado lo anterior, los megaproyectos son inductores de procesos de despojo de tierras en poblaciones campesinas e indígenas, así como de disputas territoriales que amenazan los espacios geográficos locales y generan relaciones asimétricas de poder, en las que, las transformaciones de dichos espacios y de las economías locales, implican la pugna por el territorio y, por ende, la resistencia social como reacción (Gudynas, 2011; Jerez, 2013; Rodríguez-Wallenius, 2015).

Usualmente, los megaproyectos relacionados al agua implican la construcción de macroobras que generarán algún beneficio para ciertas poblaciones; pero provocará una serie de repercusiones negativas para otras comunidades, o bien, resultarán en afectaciones relacionadas a contaminación, sobreexplotación o despojo del propio recurso; así, estas inversiones o proyectos impulsados por entidades gubernamentales implican una disparidad no sólo económica, sino también en relación con los impactos y las implicaciones sociales y ambientales que crean en los lugares donde se materializan (Pacheco-Vega, 2017).

6. DESABASTO NO VINCULADO A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Este rubro incluye la falta de acceso y saneamiento en zonas rurales y territorios indígenas, ya que el agua al ser un recurso inserto en un contexto de disputa ha obligado al poder social a establecer estrategias de control y equidad para que los distintos usuarios tengan acceso al agua y se establezcan dispositivos de organización para un aprovechamiento (Villagómez y Gómez, 2020). En algunos casos esta organización para la gestión del agua es nueva y se deriva de la necesidad de una gestión más democrática del recurso mediante la participación de la sociedad civil en organizaciones de usuarios de agua, permitiendo a barrios urbanos y comunidades rurales (Villagómez y Gómez, 2020) gestionar el recurso. Existen diferentes formas de organización y diversos mecanismos para la distribución de agua como son: los sistemas, juntas y/o comités comunitarios. Coexistiendo así estos dos sistemas de distribución por un lado el municipal, donde el servicio es prestado por el organismo operador de agua como lo estipula la Ley de Aguas Nacionales; y el independiente que son estas figuras anteriormente mencionadas (Aboites, 2009). En otros casos, como en el de los pueblos y comunidades indígenas, únicamente se ha retomado la gestión histórica que se tenía sobre el recurso, que se realiza mediante asambleas de diferentes niveles ejidal-comunal y municipal, organizándose en base de su territorio, el sistema de propiedad de la tierra, sus prácticas y sus usos y costumbres (Villagómez y Gómez, 2020).

Estos organismos autónomos o no vinculados con el organismo operador de agua mantienen algún tipo de relación con el gobierno:

La mayoría de estos organismos tiene una relación estrecha con la CONAGUA, ya que es quién otorga los títulos sobre los pozos de agua, apoya con asesorías e infraestructura para el mantenimiento. La relación con el gobierno estatal generalmente es de apoyo técnico y para el acceso a programas de infraestructura hidráulica. Y en el caso de los organismos estatales de agua que atiende las necesidades de infraestructura de los ayuntamientos cuando estos gestionan cuerpos de agua estatal. Su relación con los comités independientes es mínima, pues se consideran grupos al margen de la ley, en tanto que las relaciones con los gobiernos municipales son de apoyo, pero también de conflicto. Para los ayuntamientos, como principales responsables gubernamentales de la gestión del agua, la existencia de comités restringe las posibilidades de su administración en la medida en que la mayoría solo se ocupa de la distribución y no del tratamiento ni del alcantarillado (Morales, 2020, p.28).

Los conflictos alrededor del desabasto no vinculado a los organismos operadores de agua son: la disputa por la administración entre los organismos operadores y los organismos autónomos o comunitarios, que pueda provocar el desabasto de agua; el desenvolvimiento de los actores que participan en la gestión comunitaria para garantizar una correcta gobernanza del recurso y el riesgo constante de que el ayuntamiento favorezca a algunas empresas suministrándole el agua de la comunidad (Cadena y Morales-Fajardo, 2017; Morales-Fajardo, 2020).

7. ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

Este rubro hace referencia al poder político por ende incluye los conflictos del agua asociados a la administración gubernamental. Están definidos como aquellas pugnas en las cuales el detonante se origina en las entidades encargadas del manejo y la gestión del agua, en cualquiera de los tres niveles de gobierno en el país, o bien, si existe un elemento relacionado a la legislación vigente, a nivel nacional, binacional o internacional que detone un conflicto por el agua.

Dentro de esta categoría pueden existir conflictos relacionados con la ausencia de la autoridad correspondiente en materia del agua, es decir, que no se haga presente la institución pertinente en un asunto en donde se requiere su competencia y actuar directo. En ese mismo sentido, este tipo de conflictos abarcaría aquellas situaciones en las cuales las entidades correspondientes tengan bajos niveles de eficiencia sobre el recurso hídrico, o sobre la aplicación y ejercicio de la normatividad vigente y correspondiente (Vargas, 2007).

Así mismo, los conflictos de esta índole incluyen la omisión de responsabilidades por parte de las instituciones relacionadas a la gestión del agua, tales como el compromiso a la inversión en infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua de las poblaciones; la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico en materia correspondiente; el fomento al uso eficiente del agua en los sectores productivos; el manejo integral y sustentable del agua tanto en cuencas como en acuíferos y la disminución de los riesgos meteorológicos en el país. Además, dentro de esta categoría también se consideran los conflictos que surgen de vacíos legales en la normatividad vigente y en los instrumentos regulatorios y económicos previstos en la ley o las leyes (Arreguín, Martínez y Trueba, 2004; Conagua, 2021).

Por otro lado, esta categoría puede abarcar conflictos detonados al interior de aquellos espacios relativos a la participación ciudadana como los Consejos de Cuenca, promovidos por la autoridad en materia de agua en México, la Comisión Nacional del Agua, en los cuales se busca generar una coordinación entre la administración y la gestión de los recursos hídricos, en la cual participen los tres órdenes de gobierno y los usuarios de las aguas nacionales, así como también organizaciones de la sociedad, y académicos que estén involucrados en el tema. En ese sentido, los conflictos que pueden existir en estos espacios estarían relacionados a la baja promoción de la participación, o a la falta de impulso a temas de interés colectivo y de relevancia regional (Arreguín et al., 2004; LAN, 2004).

8. AGRICULTURA

Este rubro hace referencia al sector primario en especial a los actores agrícolas como los Distritos de Riego (DR) y Unidades de Riego (UR), El uso agrícola para 2020 representó el 67.52% del total nacional (CONAGUA, 2020). Este rubro incluye los conflictos del agua asociados al manejo y distribución de agua, así como la extracción de recursos naturales, con megaobras como las presas y canales de riego entre otras infraestructuras destinadas a este sector productivo.

Consideraciones

Es importante continuar con el análisis de categorías que pueden ser pertinentes para la tipificación del Observatorio Mexicano de Conflictos por el Agua (OMCA), ya que estas categorías fueron diseñadas para la búsqueda y filtradas de información en la plataforma digital, pero deben se ser evaluadas continuamente para saber si son pertinentes o útiles para el usuario.

También es importante destacar que, si bien estas categorías consideran diferentes tipos de análisis del conflicto, se crearon con la finalidad de ser lo más amigables con los diferentes usuarios que consulten la información en el OMCA, pero es importante realizar un diagnóstico una vez que la plataforma haya sido usada para saber quiénes son los usuarios principales y si las categorías son útiles o es necesario complementarlas.

Además, es importante destacar que los conflictos son dinámicos y tienen procesos históricos largos. Si bien es cierto que existen conflictos que se pueden delimitar como finalizados pueden reactivarse o transforme, que los actores cambien o que los movimientos se desintegren o se desactiven; en otros casos el nombre del proyecto o megaproyecto cambia y la lucha por la defensa del ambiente se activa nuevamente.